Contratos de suma alzada: Maximizando la eficiencia en proyectos públicos
Introducción
Los contratos de suma alzada son un pilar fundamental en la gestión eficiente de proyectos, especialmente en el ámbito de la administración pública. Este tipo de contrato, donde se acuerda un precio fijo por la entrega de un proyecto completo, minimiza el riesgo financiero y simplifica la administración de recursos. A continuación, exploramos cómo este mecanismo no solo simplifica la gestión de proyectos, sino que también fomenta una mayor transparencia y eficiencia en el uso de los fondos públicos.
Regulación
El contrato de suma alzada se encuentra detalladamente descrito en el Artículo 1189 del Código Civil, el cual estipula que el contratista acuerda realizar una obra por un precio fijo, independientemente de los cambios en los costos de materiales o mano de obra. Esta modalidad de contrato es atractiva para la Administración porque elimina las incertidumbres asociadas al aumento de costos durante la ejecución del proyecto. Además, alinea los intereses del contratista con los del proyecto, promoviendo una ejecución eficiente y dentro de los plazos establecidos.
El artículo 71 de la nueva Ley General de Contratación Pública, incorporó expresamente la posibilidad de emplear esta modalidad de contratación, para lo cual, previo al lanzamiento del concurso, debe justificarse su empleo y la define, tanto en su concepto como características, en el inciso b) del numeral 175 de su Reglamento.
Antecedentes relevantes
La Corte Suprema de Justicia ha reiterado en múltiples ocasiones la validez y eficacia de los contratos de suma alzada en el sector público. Por ejemplo, en la resolución No. 000008-F-S1-2016, se afirma que “el contrato de construcción puede acordarse por precio alzado”, lo que subraya la aceptación judicial, inclusive previo a la LGCP, de esta modalidad contractual como una herramienta eficaz para la gestión de proyectos complejos. Este tipo de antecedentes ha servido para consolidar la confianza en los contratos de suma alzada, asegurando que los proyectos públicos puedan ser ejecutados sin sobrecostos imprevistos.
Ventajas de la suma alzada para la administración pública
Los contratos de suma alzada ofrecen varias ventajas clave para la Administración:
- Control de costos: Al acordar un precio fijo, la entidad pública puede presupuestar el proyecto de manera precisa sin preocuparse por posibles aumentos previsibles.
- Gestión de tiempo: Reducen la necesidad de supervisión constante sobre los costos de producción, permitiendo que los gestores se enfoquen en cumplir con el cronograma establecido.
- Reducción de litigios: Al estar los términos claros desde el inicio, hay menos posibilidades de disputas sobre el pago por servicios adicionales. Sin embargo, esto no obsta para que, como es típico, se originen diferencias entre contratante y contratista.
- Eficiencia operativa: El contratista tiene un incentivo claro para optimizar recursos y técnicas para entregar el proyecto dentro del presupuesto acordado.
Conclusión
Los contratos de suma alzada son una herramienta útil en la gestión de contratación pública, facilitando la ejecución eficiente y efectiva de proyectos significativos financiados con fondos del Estado. Al utilizar estos contratos, las entidades públicas no solo buscan una mayor predictibilidad financiera, sino que también promueven la transparencia y la responsabilidad en la gestión de recursos públicos.
Ahora bien, debe recordarse que el empleo de esta modalidad u otras (precios unitarios o costo más porcentaje), va depender de diversos factores según el caso concreto a ejecutar, por lo que resulta indispensable realizar una valoración jurídica, técnica, financiera, económica y de gestión para determinar si se aplica o no esta modalidad.
